La ley de Lynch
26/07/2008   Lecturas: 9.324

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Ayer, martes 21 de Julio de 2008, fue, sin duda, un día histórico para España, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenaba a España por enjuiciar de manera contraria a derecho y sin garantías procesales al entonces magistrado -y hoy abogado- D. Javier Gómez de Liaño. En resumen, que el magistrado no tuvo un juicio imparcial.

Han pasado prácticamente diez años desde entonces, pero algunos no hemos olvidado uno de los sucesos más lacerantes que ha vivido esta nación desde sus orígenes. Una nación que sabe desde siempre que allá van leyes do quieren reyes. Y hablamos de la ley que fue do quiso Jesús Polanco don Polancone, un cacique de los muchos que ha dado esta tierra que, como los demás, confundió España con su finca particular. Y ésa, la finca particular del patrón, era ayer condenada sin paliativos por el corazón de Europa por violar derechos humanos fundamentales mundialmente reconocidos. Muerto ya el multimillonario, se ahorra el bochorno de vivir un momento tan infamante como éste; pero no su protegido, u signurino Juan Luis Cebrián, que abandera hoy la línea más dura y reaccionaria del grupo mediático Prisa, grupo que ha crecido siempre al calor de la presión política ejercida desde su portaviones El País, desde el que lanzan sus mortíferos editoriales con los que dañan la integridad de aquellos que se opongan a los planes de la corporación.

En aquel momento, llegó por la vía ordinaria de reparto de la Audiencia Nacional una denuncia contra el magnate, por haber desviado ¡23.000 millones de pesetas! de las garantías que depositaban sus clientes de Canal + para cubrir agujeros en otras filiales del grupo. La denuncia no era baladí; el grupo de don Cogecable reconocía ante fiscal y juez haber cometido ¡15.000 delitos menores de desvío de 15.000 pesetas cada uno! Y, sin habérselo reclamado el fiscal, se adelantó en la propuesta de una garantía judicial multimillonaria para cubrir los perjuicios causados.

Según el juez instructor, Javier Gómez de Liaño, él siempre fue partidario de que el fiscal protagonizara la instrucción sumarial, quedando el juez como garante de que la misma se ajustase a derecho. En este caso actuó de esta manera, lo que no le salvaría de su posterior procesamiento ¡por prevaricación! bajo órdenes, suponemos, del entonces dueño de España, el multimillonario Jesús de Polanco. No se procesó al fiscal que propuso las medidas, sino al juez que osó aplicarlas al patrón. Y el proceso tuvo desde el principio una intención clara: expulsar al juez de la carrera judicial. Para ello, se seleccionaron a los jueces más dóciles y complacientes con el poder de Don Jesús. Destacando con luz propia el célebre Enrique Bacigalupo, un argentino de muy oscura trayectoria, convertido en España en catedrático en unos minutos y elevado a magistrado en una jornada por la vía del profesional de reconocido prestigio. ¿Quién pudo hacer algo así? El Partido Socialista Español, PSOE, el mismo que ahora, para que no se jubile y siga rindiendo servicios, le nombra magistrado emérito. Desde luego, el sujeto ha tenido mucho mérito, primero para los generales de la dictadura argentina con los que colaboró, y después para los cuates del Partido Socialista Español, que no andan tan lejos de aquellos: bananeros y antidemócratas hasta la médula.

El entonces en la oposición, número uno del PSOE, Joaquín Almunia, exigía la inhabilitación de Gómez de Liaño al grito de Nadie tiene sus derechos y libertades protegidos mientras jueces como Liaño sigan ejerciendo alguna función. La Justicia en manos de este señor no recibe la confianza de los ciudadanos. Me parece imposible que siga siendo juez en activo. Yo le pido al Consejo General del Poder Judicial que adopte las medidas que están en su mano para evitar que la Justicia caiga en un enorme desprestigio. Como ven, palabras proféticas de quien hoy es un comisario de altura en la Comisión Europea. Hoy, el mazazo sobre toda esta turba de magos de la descalificación y el insulto ha resultado demoledor. Nunca podrán recuperarse de ello.

Para que lo entiendan a fondo, Polanco, El País, Prisa y PSOE era entonces una misma cosa. Por eso, El 17 de octubre de 1999 Jesús Polanco cenaba con Felipe González y Juan Luís Cebrián en un restaurante madrileño para celebrar la condena del juez Gómez de Liaño. Y por eso, hoy el diario El País ocultaba en una hoja par (la 32) una indistinguible noticia que hablaba de defectos de forma en el juicio. Difícilmente se puede estar más encanallado.

Polanco entonces comenzó una campaña diaria de hostigamiento, insultos y asaltos a la intimidad y honor del magistrado llegando a llamar barragana a María Dolores Márquez de Prado, mujer del magistrado y fiscal indomable de la Audiencia Nacional que también sufriría las represalias de la mafia Polanco-socialista-judicial. La intención era clara: la liquidación profesional y personal del magistrado a la manera como antes lo ejecutara con el juez Marino Barbero y después con el recientemente fallecido Roberto García Calvo, empleando a los servicios secretos del Estado, en manos del partido socialista. Se ha dicho aquí antes: el concepto de justicia socialista es a la Justicia -en España-, lo que la música militar a la Música.

A riesgo de alargarnos, debemos recordar que el juicio oral contra Gómez de Liaño comenzó en septiembre de 1999 pronunciándose 5 jueces del Supremo a favor y 11 en contra de la recusación planteada por el magistrado contra dos de los tres magistrados que le juzgarían: Gregorio García Ancos por ocupar cargos de responsabilidad en gobiernos socialistas de Felipe González y Enrique Bacigalupo, con vínculos profesionales con juristas asalariados de Polanco; razones por las cuales carecían de la imparcialidad precisa. Después, la sentencia pareció dictada por el propio Polanco: Bacigalupo y García Ancos votaban a favor de condenar al magistrado, mientras que el ponente, José Manuel Martínez-Pereda, se oponía firmando un voto particular. Más tarde, el Tribunal Constitucional tampoco quiso amparar al magistrado que así era expulsado de la judicatura.

Ahora, el Tribunal Supremo y el Constitucional de España están donde se merecen: arrastrados por el lodo; sin ninguna dignidad ni credibilidad y sin derecho a reclamarlas, porque han sido colocados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como lo que fueron y todo parece que siguen siendo: organismos que se pliegan ante los poderosos (recuerden la reciente sentencia de Los Albertos). Tribunales a la altura de un Idi Amín o un Juan Luís Cebrián.

Queden los nombres de García Ancos, Bacigalupo, Joaquín Martín Canivell y José Jiménez Villarejo como lo que han resultado ser: jueces-basura, jueces politizados, jueces arrastrados y jueces inicuos. Y sirvan de espejo a las futuras generaciones de jueces para que sepan en lo que no pueden caer. Antes de parecerse a ellos, mejor coger la cartera y marcharse a casa. Siempre podrán ejercer dignamente la abogacía como Javier Gómez de Liaño y Dolores Márquez de Prado.