Todos contra el PP
29/01/2007   Lecturas: 10.660

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La pasada semana, una vez que Mariano Rajoy -líder de la única oposición en el Parlamento español- cantó las cuarenta al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se volvió a poner en evidencia la unión del resto de fuerzas parlamentarias contra el Partido Popular. Fundamentalmente de ultraizquierda y nacionalistas separatistas. Era la reedición del original Pacto del Tinell, mácula de nacimiento que mancha al gobierno socialista desde sus comienzos y que, junto a su llegada golpista al poder, anunciaba una legislatura de entrega a los intereses de quienes quieren romper España como nación.

Eran tales sus ansias de revancha que ya, durante el debate parlamentario, las críticas no se dirigían al Gobierno sino ¡a la Oposición! Pero, tan pronto como el fin de semana, con ocasión de las manifestaciones alusivas a los asesinatos de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas, se habían puesto todos en evidencia: una orgía de banderas anticonstitucionales y consignas proclives a ETA, es el partido socialista español entregado a los fines del nacionalismo racista vasco a cambio de que éste le sostenga en el parlamento central a perpetuidad.

A tal punto llegó la cosa que, durante la semana, las fuerzas parlamentarias se fotografiaban en el Congreso de los Diputados manifestando su compromiso de rechazar cualquier propuesta que hiciera el Partido Popular en materia antiterrorista. Esta es la visión del PSOE del diálogo y la cintura democrática: si no estás de acuerdo conmigo, pacto hasta con el diablo para rechazarte antes siquiera de escucharte. Todavía quedan en España quienes creen en este partido, pero comprueben ahí sus usos y sus maneras.

Esta es una estrategia legítima; el PSOE puede buscar y lograr las adhesiones que le sean propicias, y el resto de las fuerzas parlamentarias están en su derecho de apoyar a quien quieran, siempre que lo hagan por cauces democráticos. Hasta aquí todos estaremos de acuerdo. Pero el Partido Popular también puede obrar de forma legítima, y en democracia, para terminar con esta situación. Analicémoslo.

Quienes nos leéis conocéis nuestra opinión sobre la necesidad de cambiar la Ley Electoral española que, paradójicamente, deja en manos de las minorías nacionalistas independentistas la decisión de quien gobierna la nación española. Nación que, por su parte, están interesados en que desaparezca en favor del surgimiento de las suyas, cualquiera que sea el concepto que tengan de ellas. Que cualquiera de los dos partidos mayoritarios y constitucionalistas no se abandone a los delirios nacionalistas a cambio de gobernar es una cuestión primordial y ética, que se terminó con el acto terrorista del 11 de Marzo de 2004 y el golpe callejero-mediático perpetrado por la ultraizquierda española, los separatistas y sus medios de comunicación propicios, fundamentalmente los del grupo PRISA de Jesús Polanco, en vías ahora de rendir cuentas ante el Altísimo. El 14 de Marzo de 2004 se hacía con el poder el líder de la extrema izquierda española, José Luís Rodríguez Zapatero e, inmediatamente, se arrojó en brazos de comunistas y separatistas con tal de aferrarse al poder. La misma estrategia ha ido tomando después en cada una de las elecciones autonómicas celebradas hasta ahora.

De cara a las próximas elecciones, Mariano Rajoy debería pedir el voto de los españoles con el fin y el compromiso de cambiar la Ley Electoral; lo cual pasa, lógicamente, por la consecución de una mayoría absoluta. Desde esta posición plenamente respaldada por la mayoría del pueblo español, Mariano Rajoy, con los votos o no de otros grupos parlamentarios, procedería a la reforma de una ley que hoy no expresa la verdadera voluntad de los españoles en proporción a su condición democrática última: un hombre un voto.

Cambiada la Ley Electoral, podría procederse en cualquier momento a convocar al pueblo español a las urnas, con el convencimiento de que al Parlamento saliente sería expresión real de la voluntad directa de los ciudadanos españoles, incluidos los nacionalistas que tendrían un peso político equivalente a su realidad nacional.